DACIÓN EN PAGO:
¿SOLUCIÓN
O
AGRAVANTE?
Lamentablemente, la lacra social de los desahucios está hoy en día más vigente que nunca. La tragedia humana, familiar y personal que esta situación conlleva no puede desdeñarse, ni mucho menos ignorarse, pues sin duda produce dolor y desaliento a todas aquellas personas que intentamos , aunque sea superfluamente, ponernos en su lugar.
Sin embargo, como suele ocurrir en muchos otros ámbitos, nuestros dirigentes políticos no proponen soluciones hasta que comienza a existir un gran impacto mediático de estos sucesos, con casos realmente horribles y desasosegantes. Por parte de algunos sectores políticos, sociales y económicos se ha planteado como antídoto la dación en pago, mecanismo que, según argumentan, mitigaría enormemente el sufrimiento de los afectados por impagos de sus créditos hipotecarios, además de ser socialmente justo y correcto. Y no puedo menos que coincidir.
Es incuestionable que, desde hace mucho tiempo, y debido a la inoperancia del Banco de España, el BCE y otras instituciones financieras, las entidades financieras españolas han perpetrado toda clase de excesos y desfalcos, vulnerando la llamada 'regla de oro' de los préstamos bancarios ('los préstamos y créditos que proporciona la banca nunca deben exceder el vencimiento de sus obligaciones de pago o deudas'), y concediendo hipotecas a individuos insolventes, carentes de avales o patrimonios consistentes que acreditasen su solvencia. Como consecuencia del elevado endeudamiento de bancos y cajas, cualquier irregularidad en los pagos podía desencadenar una brusca reducción de sus ingresos, y por tanto, un insostenible crecimiento de los impagos. Aunque no resulta erróneo admitir que muchos particulares solicitaron hipotecas conscientes de su limitada capacidad adquisitiva, en manos de los bancos estaba finalmente el no considerar fiable a esa persona, y denegarles el préstamo. Además, el artificial y desenfrenado acceso al crédito favorecía un exceso de confianza en el mercado financiero, impulsando a la banca a suministrar crédito barato y respaldado por un bien (viviendas) cada vez más iliquído y sobrevalorado. Esta situación sí era previsible y detectable, al contrario que la pérdida del empleo del prestatario, que no podía augurar que una grave crisis económica podía arrebatarle su único medio de vida.
El sistema financiero ha suscitado, por tanto, una expansión artificial del crédito, invirtiendo en la amortización de hipotecas sin analizar meticulosamente si se trataba de proyectos rentables o no. Ello ha propiciado que, viendo las escasas objeciones que esgrimía la banca para suscribir contratos hipotecarios, personas abocadas irremisiblemente al ajuste de sus gastos y a la reducción de su poder adquisitivo como resultado de su sobredimensionado tren de vida solicitasen préstamos para adquirir una vivienda, con el propósito de residir en ella o simplemente como una inversión. Los requisitos exigidos por los bancos fueron laxos e insuficientes, por lo que los principales responsables de esta crisis inmobiliaria, junto a promotores, constructores e inactivos políticos, son ellos. Todas aquellas personas o empresas que hayan contraído una deuda con terceros materializan la obligación jurídica de amortizarla, sea con la entrega del bien, sea con la renegociación de las condiciones del préstamo, en caso de no poder abonarla por falta de liquidez. Sin embargo para las entidades financieras, perjudicadas por sus propios errores y malas inversiones, no es suficiente. En los contratos inmobiliarios incorporan, además, cláusulas según las cuales aunque se pacte la devolución de la vivienda, el receptor del préstamo tiene que seguir pagando. La justificación razonada por la banca: si se firmó ese contrato, donde la vivienda tenía un valor de mercado concreto, deben cumplirse sus condiciones. Pero la realidad es que los compradores de viviendas no tienen por qué asumir, también, el coste de la especulación inmobiliaria. Siempre tenemos que pagar los mismos.
Lo económicamente juicioso sería que cada gente económico acarrease con las responsabilidades de su aportación a la crisis, es decir, que sus devastadores efectos sean compartidos por todos los que, de una forma u otra, hemos contribuido a crearla. Pero los bancos desean evadirse de su determinante participación en la burbuja inmobiliaria, obligando a los poseedores de hipotecas a cargar con ese lastre. Cuando se devuelve el bien que ha originado el contrato, éste queda automáticamente anulado. Y si el ordenamiento jurídico español no lo contempla, es que es necesario reformarlo.

